Por Lcdo. Charles Hey-Maestre

Director Ejecutivo Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.

Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR) es el bufete más grande del país, con la clientela más pobre del país. Y el choque de esas dos realidades crea un reto ineludible: financiar el acceso a la justicia para los pobres cuando necesitamos reclutar y compensar adecuadamente un personal bien capacitado y añadir servicios para la clientela.

SLPR es una corporación sin fines de lucro que recibe 82% de sus fondos del Congreso federal y 15% de la Legislatura puertorriqueña. Pero, además de estas fuentes de ingreso, podría existir otro mecanismo – en vigor en todos los estados de Estados Unidos, Washington, DC e Islas Vírgenes – para que programas que dan servicios legales civiles a los indigentes obtengan más financiamiento, sin aumentar los impuestos a la población. 

          Se trata de los fondos IOLTA (las siglas de “Interest On Lawyer Trust Accounts”, o el interés que generan las cuentas plica de abogados). En Puerto Rico, al igual que en Estados Unidos, un abogado o bufete que recibe fondos de su cliente para los gastos de un caso o para distribuir a su cliente, no debe mezclarlos con la cuenta que contiene su propio dinero.  Bajo un plan IOLTA, el dinero se colocaría en una cuenta central cuyos intereses serían destinados a atender las necesidades de programas de servicios legales civiles a indigentes, como es el caso de SLPR y otras instituciones hermanas.

          Pese a que todos los estados tienen algún tipo de programa IOLTA, Puerto Rico aún no ha adoptado este mecanismo. Ya hemos compartido con el actual Juez Presidente del Tribunal Supremo y con el nuevo presidente del Colegio de Abogados la necesidad de que SLPR fortalezca su salud fiscal. Ambos apoyan esa meta y conocen cómo puede operar un proyecto para capturar fondos IOLTA en Puerto Rico. La banca puertorriqueña también debe jugar un rol fundamental, aportando intereses preferenciales tras crear una o más cuentas con este propósito.

           Es un imperativo moral que los indigentes de nuestro país tengan acceso al sistema de justicia y puedan luchar por sus familias, sus trabajos y su paz mental. Nos podemos acercar a esa meta democrática, sea por vía legislativa o judicial, con la creación de un mecanismo que capture fondos IOLTA. No hacerlo es injusto e inaceptable.