Dos envejecientes que son clientes de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. mantendrán sus planes médicos de salud gubernamentales (la Reforma) hasta el 30 de junio, luego de que un juez superior de Utuado prorrogara la vista en la que se decidirá si ambos cualifican o no para la llamada Tarjeta de Salud. La controversia surge porque, al igual que muchas personas en la zona de la montaña, los dos clientes de Servicios Legales poseen terrenos que, aunque baldíos y con poco o ningún uso comercial, se calculan como parte de sus ingresos y por ende los descalifica para recibir el plan médico subvencionado.

La próxima vista fue pautada para el 9 de junio en la sala del juez superior de Utuado, Víctor de Jesús Cubano.

El pasado viernes, 30 de enero, los abogados de Servicios Legales en Utuado – encabezados en este caso por los licenciados Marielle Ramírez y José Quiñones – plantearon la postura de sus clientes ante el juez mientras que la otra parte, el Gobierno representado por el Departamento de Justicia, expuso que el reglamento que dio pie a la controversia está en proceso de revisión y enmiendas. Los funcionarios gubernamentales solicitaron tiempo para las enmiendas y revisiones del reglamento y, por eso, se pautó la próxima vista en este caso para el 9 de junio.

El caso tiene ramificaciones mucho más abarcadoras que la suerte de los dos clientes que representa Servicios Legales de Puerto Rico.

El efecto práctico de considerar los terrenos baldíos como parte del ingreso del paciente es que en muchos casos provoca su descalificación para recibir la Tarjeta de Salud, ya que aparecen con una liquidez económica muy ajena a su realidad.

Los abogados Ramírez y Quiñones de Servicios Legales manifestaron que un nuevo manual utilizado por el Departamento de Salud para establecer las guías de calificación para la Tarjeta de Salud dispone que “si el solicitante no presenta evidencia del valor de la finca, subsidiariamente será valorada a $39,303.95 por cuerda o $10 por metro”.

“Los ingresos de las personas envejecientes son inflados de una forma que es desproporcionada con la realidad social porque no toman en consideración aspectos como la zonificación de las fincas, la edad y condiciones de salud del solicitante”, dijeron en su demanda los abogados de Ismael Ramos, un agricultor de Utuado de 81 años, y María Vélez, una residente de Lares que a sus 87 años cuida de su hija incapacitada.

“Los demandantes temen por su vida y por la de su familia debido al riesgo inherente y el daño irreparable que propicia la falta de acceso a un médico y del suministro de los medicamentos de seguimiento… estas personas, al tener escasos recursos, están siendo privadas de atender sus condiciones físicas para así garantizar su salud y bienestar general”, agregaron en la demanda en solicitud del entredicho provisional otorgado tras estipulación de las partes.

Los terrenos baldíos de ambos clientes son empinados, repletos de huecos y desniveles y su uso agrícola, comercial o residencial es prácticamente nulo, una realidad aún más marcada para residentes en las condiciones de Ramos y Vélez.