LA ECONOMÍA DE LA INJUSTICIA

Se acercan las fechas de graduación en mayo y, con ellas, la consagración mediante algún título de toda una estela de sacrificios, frustraciones, sorpresas y aprendizajes durante años de estudio y prácticas.
 
Al acabar sus respectivas carreras universitarias o profesionales, los estudiantes cargan por muchos años venideros las enseñanzas de sus profesores y de sus condiscípulos. Pero también cargan por muchos años algo mucho menos deseable: miles y a veces decenas de miles de dólares en deudas por préstamos estudiantiles incurridos para costear sus estudios.
 
El lastre que ello representa en muchas ocasiones no les permite a estos jóvenes profesionales lograr una estabilidad económica personal sino hasta muchos años después de graduarse. En los estudios del Derecho, este fenómeno no es la excepción. Por el contrario, quizás es donde más marcado se puede percibir.
 
El efecto es negativo no sólo sobre el individuo, sino sobre la sociedad en general. Al contraer deudas excepcionales, un estudiante con conciencia social, con vocación de servicio y con el potencial de ser un profesional de excelencia, se ve ante la disyuntiva de trabajar directamente al servicio de personas indigentes en un programa como Servicios Legales de Puerto Rico u optar por un puesto lucrativo en un bufete de modo que pueda abonar más efectivamente a su abultada deuda. La primera opción en ocasiones resulta demasiado impráctica y, así, programas como Servicios Legales de Puerto Rico – y los clientes pobres dependen de nuestra representación – perdemos talento valioso.
 
Es por ello que en Estados Unidos han surgido los “LRAP”, cuyas siglas en inglés significan Programas de Asistencia en el Repago de Préstamos. Estas iniciativas reducen o subvencionan los préstamos o los posponen si el estudiante de derecho se hace abogado proveyendo servicios legales a la población indigente.
 
Una vertiente de esta propuesta, impulsada por la Legal Services Corporation de Washington, DC, sólo ha provisto unas pocas ayudas para los cientos de abogados recién graduados que cargan con abultadas deudas pero desean servir a los más necesitados.  En Puerto Rico, sólo dos personas recibieron esta asistencia en el pago de sus préstamos.
 
Sin embargo, algunos grandes bufetes del país – conscientes de sus responsabilidades sociales y en aras de ayudar a mejorar el talento que ingresa en Servicios Legales de Puerto Rico – han mostrado interés y receptividad ante nuestra idea de crear un fondo destinado a este tipo de LRAP criollo. Así, los nuevos abogados que quieren trabajar por los más desaventajados tendrán el incentivo de los más aventajados.
 
Es una iniciativa prometedora que abre una esperanza para combatir la economía de la injusticia.